Mejoramiento de la institucionalidad ambiental

Por Gonzalo Asencio, opinión en revista Qué Pasa Minería.- Una comisión convocada por la Presidenta deberá proponer cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA. Este instrumento que se prevé modernizar, sin duda, ha sido positivo para Chile al incorporar una dimensión sistémica en la evaluación de los proyectos de inversión para que cumplan armónicamente con la normativa ambiental vigente, y formulen planes de manejo ambiental, de modo que mitiguen o minimicen sus impactos sobre el medio ambiente o las comunidades.

Pero se ha pretendido históricamente que el SEIA resuelva muchos problemas para los cuales no fue diseñado, entre ellos, definiciones políticas sobre materias como la energía, estrategias de desarrollo o planificación territorial, amplios aspectos no normados, entre otros. Por ende, una manera clara de mejorarlo es que se le “descomprima” de resolver problemas de otro nivel para que así pueda cumplir con su rol técnico disponiendo de un marco regulatorio de referencia robusto.

Chile necesita desarrollar y fortalecer otros instrumentos de gestión ambiental, que contribuyan a reducir la incertidumbre hacia el inversionista y mejorar la sustentabilidad de los proyectos, tales como normas de emisión y calidad, la Evaluación Ambiental Estratégica, los planes de manejo, planes reguladores y de ordenamiento territorial, y la definición de políticas ambientales y sectoriales que definan el marco en el cual los proyectos se pueden desarrollar. Eso evitaría el desgaste de los inversionistas tratando de encontrar lugares donde emplazarlos y permitiría que el SEIA opere con mayor objetividad y precisión.

Asimismo, el empoderamiento social o comunitario se ha amplificado y este aspecto se ha tornado esencial. Se habla de la “licencia social” para entender que las comunidades pueden terminar bloqueando la opción de desarrollo de una iniciativa. La desregulación de esta “licencia” representa un riesgo mayor para el inversionista que para las mismas comunidades, por lo cual se considera sano avanzar hacia un marco más objetivo para el diálogo que contemple la formulación de acuerdos vinculantes entre inversionistas y las comunidades afectadas. Esto debe considerar la inclusión adecuada de las implicancias del Convenio 169 de la OIT (Consulta Indígena) y normar aspectos como las compensaciones.

Una visión política clara basada en los principios del desarrollo sustentable, descomprimir el SEIA, y desarrollar y fortalecer otros instrumentos de gestión ambiental, permitirían dar mayores certezas tanto a las empresas como a la ciudadanía.