Cómo abordar judicialización socio-ambiental de proyectos de inversión

Por Gonzalo Asencio de GISMA, en El Mercurio de Antofagasta.- La institucionalidad ambiental en Chile, sin duda, ha avanzado mucho desde la promulgación de la Ley de Bases del Medio Ambiente en 1994. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, primero y, más recientemente, la puesta en marcha de la Superintendencia del Medio Ambiente y de los Tribunales Ambientales se hicieron cargo de dos obligaciones fundamentales para cualquier proyecto: la evaluación y el cumplimiento ambiental.

Sin embargo, la judicialización de iniciativas de gran envergadura -especialmente de los sectores minero y energético- tanto en la fase previa para obtener sus RCA (Resoluciones de Calificación Ambiental) como durante su operación, ha generado una lógica incertidumbre en el sector empresarial.

En tal escenario, existe la voluntad del gobierno de mejorar el SEIA, para lo cual convocó a un grupo de expertos. Ciertamente, cualquier herramienta de gestión ambiental es perfectible. El punto es que la mayor certidumbre que se reclama para las inversiones no pasa exclusivamente por modificar este instrumento. Es más, hace poco más de un año entró en vigencia un nuevo reglamento que aún no ha madurado lo suficiente.

El mejoramiento de la institucionalidad ambiental para avanzar en un desarrollo sustentable -que concilie crecimiento económico con protección ambiental e inclusión social- exige considerar todos los instrumentos de gestión ambiental y no centrarse únicamente en el SEIA, lo que se suele llamar «SEIAzación».

Porque el SEIA es un instrumento de gestión ambiental orientado a viabilizar ambientalmente proyectos de inversión. No es una política pública, como tampoco es una herramienta que tenga la facultad de resolver todos los problemas administrativos y sectoriales de un proyecto. Esto significa que el SEIA no puede definir la política energética, ambiental o urbana del país, aunque el sistema tenga consecuencias sobre estas temáticas.

Descomprimir el SEIA fortaleciendo otros instrumentos

Entonces, el mejoramiento de la institucionalidad ambiental para que sea más eficiente y eficaz pasa primero por descomprimir el SEIA y fortalecerlo para sustentabilizar los proyectos de inversión, mejorar la gestión y la capacidad técnica de los profesionales involucrados en la evaluación.

Asimismo, en Chile se necesita un mayor desarrollo de otros instrumentos, que contribuyan a reducir la incertidumbre hacia el inversionista y mejorar la sustentabilidad de los proyectos, entre los cuales se cuentan normas -emisión y calidad- que se hagan cargo de la protección de todos los componentes ambientales. Actualmente, han estado enfocadas casi exclusivamente en aire y en agua. A esto se suman, la Evaluación Ambiental Estratégica, los planes de manejo, planes reguladores y de ordenamiento territorial, entre otros.

Especial mención merece el tema social, componente que ha sido gravitante en el aumento de la complejidad para autorizar inversiones, en particular causa basal de la judicialización. En este contexto, la formulación y formalización de la denominada «Licencia Social» cobra sentido. Como sabemos, el ámbito que tiene cierto nivel de regulación es la denominada Consulta Indígena (derivada del Convenio OIT 169), el que ha generado amplias controversias y cuenta con una débil regulación nacional. Hay que considerar que este es el único ámbito social que cuenta con cierta regulación, aspecto que debe ser corregido para evitar que se impongan definiciones arbitrarias derivadas de conflictos sociales con actores influyentes, en lugar de armonizar de manera sustentable las legítimas demandas y requerimientos sociales de los grupos afectados por proyectos de inversión.

El desarrollo de estos otros instrumentos, enmarcados en una visión política clara en base a los principios del desarrollo sustentable, permitirían reducir la judicialización de proyectos. También contribuiría a ello que exista una concordancia de criterio entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en la aplicación de la normativa ambiental.

Por cierto, también se necesitan mejoras de gestión del Servicio de Evaluación Ambiental como el cumplimiento de plazos para responder a reclamaciones y aclarar reglamentariamente cuándo se debe consultar sobre «pertinencias» de presentar o no proyectos al sistema, estandarizar los alcances en las competencias sectoriales para que se evalúen aspectos ambientales pertinentes, entre otros.

Inclusive, se podría avanzar en Chile la práctica de la pre-evaluación ambiental como han implementado países como Alemania. Y, para evitar la especulación con las RCA, tarifar el procedimiento.

Descentralizar decisiones

Un componente de la institucionalidad que también ha sido sujeto de críticas corresponde a la instancia del Comité de Ministros. En este ámbito, nos parece que la problemática es más bien secundaria, dado que mientras no exista un adecuado desarrollo de otros instrumentos ambientales de los cuales emanen políticas sectoriales claras, es una instancia que tiene un sentido; lo que no debe ser excluyente con respetar los argumentos ambientales con sólidos respaldos técnicos. Sin perjuicio de ello, es un tema a debatir cual es el momento en que debería participar el Comité y cuáles deberían ser sus atribuciones.