La Moneda define comité asesor para estudiar cambios al SEIA

Sergio Sáez, PULSO (Foto: portal.mma.gob.cl).- El gobierno ya cursó las invitaciones y la meta es clara: anunciar los primeros días de marzo, en el Palacio de la Moneda, la creación de una comisión transversal que estudie mejorías al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Para estos fines, el Ministerio de Medio Ambiente ya tomó la batuta y procedió a afinar la lista de representantes que conformarán la mesa que pondrá sobre la mesa propuestas para mejorar la tramitación ambiental de proyectos y de paso acotar el fenómeno de la judicialización.

Esta instancia que es seguida con especial interés desde La Moneda será liderada por el Ministro Pablo Badenier y ya se convocó a líderes gremiales, expertos y representantes de la comunidad.

Ya fueron invitados el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino; el vicepresidente de la Asociación Gremial de Generadoras, René Muga; el gerente de estudios de la CChC, Javier Hurtado; el gerente de estudios de Sofofa, Javier Vega y por parte de la Confederación de la Producción y el Comercio y de la Sonami, acudirá la abogada experta en institucionalidad ambiental Paulina Riquelme.

Por el lado de los expertos en el área ambiental, también se invitó al gerente de sustentabilidad de Quiñenco y ex director de la Conama, Álvaro Sapag y al ex subsecretario del Medio Ambiente de la administración de Sebastián Piñera, Rodrigo Benítez. Desde la perspectiva de la sustentabilidad ambiental, el ejecutivo convocó a la directora Terram, Flavia Liberona, quien también acudirá a la cita.

¿Por qué tanto interés en La Moneda?

El proceso concita especial interés en el Ejecutivo, dado que la reformulación del SEIA es una promesa de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet.

De acuerdo al programa, “es necesario evaluar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA,) a la luz de los objetivos iniciales que nos movieron a presentar la reforma a la institucionalidad ambiental en nuestro Gobierno, e impulsaremos con decisión los cambios necesarios que aseguren a todos los ciudadanos, organizaciones y empresarios, una institucionalidad validada desde el punto de vista técnico”, expone el texto.

Respuestas de vuelta

Las invitaciones que ya fueron enviadas solicitaban la mayor reserva por parte de los convocados, y adjuntaba una petición adicional: enviar una lista de propuestas, temas para comenzar a levantar un diagnóstico sobre los puntos grises del sistema, identificando las principales trabas para el desarrollo armónico de los proyectos.

Algunas de las inquietudes que serán planteadas por los gremios tienen que ver con analizar el rol del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) y su real capacidad para enfrentar la tramitación de proyectos complejos.

Otro elemento que es visto con preocupación por los invitados a la cita es la unificación de criterios de los organismos con competencia ambiental que dan su visto bueno a las iniciativas. Según fuentes gremiales, “es muy frecuente que un mismo servicio cambie sus criterios desde una región a otra, lo que genera un problema mayor de falta de certeza jurídica”.

Otro punto que sería analizado es el rol del Comité de Ministros, instancia que resulta ser el último filtro administrativo de los proyectos y que fue cuestionado durante el episodio de HidroAysén.

“Es fundamental conocer cuál es verdadero rol del Comité de Ministros, si operará mayormente por criterios técnicos o bien políticos, o bien si actuará caso a caso. Es prudente realizar una revisión de este filtro de proyectos”, apunta un experto invitado al cónclave.

Mayor rol del titular

La judicialización de las aprobaciones ambientales aparece frecuentemente citada como uno de los principales problemas que entorpecen el desarrollo de proyectos en el país.

Para los gremios mineros “es imperativo” generar instrumentos adicionales que permitan al proponente, y no solo al Estado, asumir la responsabilidad de monitorear y cautelar la corrección del procedimiento de evaluación y así evitar o reducir el riesgo de estancamiento de los proyectos.

En palabras sencillas, la propuesta pasa por dotar de un rol más protagónico a las empresas en el proceso de tramitación y consulta que es de exclusiva responsabilidad del SEA y donde el titular del proyecto aporta paralelamente y de manera no regulada.

De acuerdo a los gremios, otra interrogante a despejar será la metodología mediante la cual se aplicará la consulta indígena, esto tras el anuncio del Gobierno que propuso que este proceso reglado en el Convenio 169 este bajo la tutela del Ministerio de Bienes Nacionales.