Las fórmulas que se barajan para las compensaciones a comunidades

Hernán Vargas S., revista Qué Pasa Minería.-

El gobierno se comprometió a enviar antes de fin de año un proyecto de ley que regule las compensaciones a las comunidades en las que se ubiquen nuevas inversiones. La iniciativa, denominada de asociatividad, ya da sus primeros pasos a través de la Comisión para la Descentralización, instancia que ya hizo suyas algunas propuestas: impuestos locales para el caso de las centrales eléctricas, y una redistribución del royalty minero.

La idea no es nueva, pero resurge como prioridad para sectores industriales, pese a que pueda significar el pago de más impuestos. Crear una ley que regule los aportes económicos de las empresas a las comunidades en las que se ubican los proyectos de inversión y, de esta manera, disminuir las controversias permitiendo la ejecución de, por ejemplo, nuevas centrales de generación o faenas mineras.

La solicitud fue recogida por la autoridad para enfrentar, de una vez por todas, el fenómeno de “no en mi patio trasero”, en el que las comunidades se agrupan para derribar la construcción de iniciativas que creen destructivas de su entorno y que no generan valor compartido entre la compañía y los vecinos. El compromiso del gobierno vino esta vez a través de la Agenda de Energía lanzada en mayo por la propia presidenta Michelle Bachelet y el ministro del ramo, Máximo Pacheco.

En el documento, el Ejecutivo compromete durante este año el envío de un proyecto de ley denominado “Incentivos de promoción del desarrollo local asociado a proyectos energéticos”. Con esta promesa suman cuatro los intentos por establecer mecanismos de compensaciones por efecto del desarrollo productivo, desde que en 2009 se propuso la “Ley Tokman”.

Eso sí, para el gobierno es importante plantear una diferencia de fondo con las ideas precedentes: las compensaciones corresponden a los impactos ambientales y deben ser reguladas por la legislación, que ya posee esta área. Acá la idea es que junto a mitigar efectos nocivos al ecosistema, se establezcan mecanismos para que las zonas que acogen actividades productivas sean beneficiadas. “Creemos necesario asegurar el desarrollo de estrategias de asociatividad entre el desarrollo local y el desarrollo energético nacional, conforme a criterios de participación, inclusión social y trabajo de largo plazo”, se lee en la agenda.

“El desarrollo energético es útil para todo el país y queremos asegurar que los municipios y comunidades se sientan partícipes del progreso social y de los beneficios asociados a estos proyectos, que deben materializarse en estrategias de desarrollo local de largo plazo. Se estudiarán y definirán mecanismos para que la comunidad reciba parte de los beneficios de los proyectos energéticos que se instalen en su territorio. Dichos mecanismos serán analizados en el marco de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional”, añade el “libro rojo” de Pacheco.

Las definiciones de los 33

Otra vez 33 personas pueden impactar a la minería. Ya no se trata,eso sí, de los trabajadores atrapados en 2010 en una faena subterránea de Copiapó, sino que de los integrantes de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, instancia establecida por La Moneda en abril pasado y en cuyas manos recae la responsabilidad de presentar una propuesta de asociatividad entre titulares de proyectos de inversión y las comunidades.

Si bien el mandato era plantear alternativas enfocadas al negocio eléctrico, la comisión presentará una propuesta integral de reasignación de impuestos para favorecer el desarrollo regional, siendo un pilar fundamental el royalty minero. La propuesta será entregada en octubre a la mandataria.

El presidente de la Comisión para la Descentralización, Esteban Valenzuela, plantea que es una necesidad del país regular los dineros entregados por las compañías y velar por que las firmas dedicadas al negocio de los recursos naturales propicien el desarrollo de las zonas en que se ubican. Un caso extremo, comenta, es el de las naciones árabes productoras de petróleo, que han utilizado parte de esos dividendos para construir grandes obras de infraestructura.

Si bien para el caso chileno, sostiene, tienen que calcularse todos los índices de rentabilidad, es prioritario usar parte de las ganancias mineras o del negocio eléctrico en obras que acompañen a las comunidades y no sólo un aporte por una vez. Además, que los propios vecinos tengan injerencia en las definiciones de gasto.

El grupo de los 33 -donde los representantes de regiones corresponden al 75% del total de miembros- trazó algunas modificaciones: “La comisión propuso unánimemente, consejeros tanto de izquierda como de derecha, que se establezca una patente comercial eléctrica por planta, por termoeléctrica, y que eso quede en el municipio donde se ubican. Eso sí, podrán descontar parte del impuesto a la renta”, comenta Valenzuela.

Acordaron también aumentar el monto de las patentes mineras y que todas las compañías del rubro paguen un royalty del 5%, incrementando desde el 3,8% promedio actual. Asimismo, piden elevar el tope de patente comercial municipal desde los actuales 8.000 UTM hasta las 40.000 UTM. En el caso de las eléctricas, se propone que un 80% de esta cifra puedan deducirla del impuesto a la renta.

Eso sí, recalca el ex diputado, el mayor impacto vendrá por una reasignación de recursos a favor de las localidades que acogen la inversión. “Lo más relevante no es crear un impuesto nuevo, sino que el royalty minero se distribuya a nivel regional en su totalidad. Que la mitad quede en las comunas y regiones donde se ubican las faenas mineras y la otra mitad vaya a un fondo de convergencia regional que ayude a las regiones más pobres”, resume.

Agrega que “el 2013, según datos que manejo, la recaudación total en impuestos mineros, incluyendo los aportes de Codelco, fue de US$ 7.000 millones, y por royalty se recaudaron US$ 700 millones. Esto es el 10% de lo que pagan las mineras en impuestos, y lo que proponemos es que una parte de eso quede en los territorios. Esto es poner al día a Chile respecto de lo que tienen casi todos los países de la OCDE y las grandes democracias de América Latina que tienen algún nivel de coparticipación, canon minero o regalías”.

Esta iniciativa no es nueva. En Chile existió el mecanismo de regalías entre 1957 y 1975, en donde el 5% de las ventas del cobre quedaba en un fondo de la provincia minera y que obligaba a invertir en infraestructura básica, como alcantarillado o agua potable.

“La idea es que sea un fondo no sólo de inversión física, sino también de mantención de las obras. A través de los diálogos regionales, la gente nos dice que está bien que haya una parte de estos fondos que quede en proyectos de innovación, y que ojalá algún día se pueda producir cobre con bacterias, pero las personas también quieren mejoramiento de sistemas de agua, capital semilla, y no sólo en Santiago. Quieren ver la plata y que se cumpla la promesa de que les va a quedar algo”.

¿Hará más fácil la instalación de proyectos? “La propuesta no la hacemos para cooptar, sino que para hacer justicia, pero de manera obvia generaría un entorno más amigable, porque los municipios contarían con recursos para poder mitigar las externalidades negativas que inevitablemente provocan los megaproyectos”, responde.

Cuenta que el trabajo ha sido coordinado con el Ministerio de Energía, quienes “han puesto énfasis en la relación con las comunidades. Por esto estamos buscando una fórmula en que estos nuevos recursos municipales deban ser pactados con las comunidades, pero a través de los municipios y no, como se dice en política pública, utilizando fondos de cooptación by-pass que son cosas puntuales, por una vez, entre las empresas y las comunidades. Acá el concepto es de regalía”.

Propuestas privadas

La indefinición existente en materia de compensaciones económicas ha llevado a que privados pidan una pronta resolución. “Ésta es también una preocupación muy sentida para las compañías, nadie puede estar en desacuerdo con que éste es un tema de los más relevantes que tenemos que resolver para revitalizar las inversiones en este sector”, dice el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, René Muga.

“Hoy, lamentablemente, y dado que esa regulación no existe, contaminamos el proceso de evaluación ambiental, siendo esto una discusión aparte. El primer esfuerzo que hay que hacer es separar las cosas y creo que la Agenda de Energía lo recoge al hablar de asociatividad”, añade.

Tal es el interés de los privados que algunas compañías han propuesto sus propios mecanismos de asociatividad. Endesa Chile es una de ellas e impulsa un “pacto social” en la zona de Coronel -en la que la compañía posee el complejo térmico Bocaminaque permita, en forma conjunta, “encontrar fórmulas que beneficien el desarrollo productivo y social de la comuna, adoptando a su vez una serie de medidas para el cuidado del medioambiente”, según explicó la firma al lanzar la propuesta.

La generadora se comprometió a crear un fondo anual de hasta US$ 1,2 millones, equivalente a más de $ 13.000 millones durante 20 años, con el objeto de contribuir al desarrollo de los vecinos de Lo Rojas y la comuna de Coronel, contemplando aspectos de carácter medioambiental, social, laboral y de fomento al desarrollo productivo. No obstante, al cierre de esta edición la SMA cursó una multa por $4.378 por incumplimientos ambientales en Bocamina II.

LOS OTROS INTENTOS POR REGULAR

Que las comunidades se vean beneficiadas por la instalación de una central eléctrica es lo que inspiró una iniciativa que Michelle Bachelet anunció en enero de 2009 y que fue conocida con el nombre de su impulsor, el ex ministro de Energía y actual gerente general de ENAP, Marcelo Tokman. Esa primera propuesta estipula el pago de un impuesto específico (270 Unidades Tributarias Mensuales, UTM) de beneficio comunal por cada MW instalado, el cual luego sería devuelto a las empresas como un crédito tributario, con lo cual la inversión no se encarecía. El proyecto ingresó un año después de comunicado, pero no prosperó en el Congreso.

Ya en el gobierno de Sebastián Piñera, el entonces ministro de Energía, Ricardo Raineri, impulsó una iniciativa similar a la liderada por Tokman, pero que limitaba la devolución a través de un crédito tributario sólo para las Energías Renovables no Convencionales (ERNC). Sin embargo, al poco andar del mandato de Piñera se hizo más frecuente la judicialización u oposición ciudadana a los proyectos de inversión no sólo energéticos, por lo que La Moneda optó por desechar la idea de Raineri para ampliarla a más sectores productivos.

De esta forma, se trabajó una nueva idea proveniente de los ministerios de Economía y Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que en conjunto prometían diseñar un mecanismo de compensaciones aplicable a proyectos de distintas áreas. En su oportunidad, trascendió que se establecía un aporte equivalente al 1% de la inversión total del proyecto, repartido en cuotas anuales. Pese a que la iniciativa fue socializada entre empresarios y asociaciones gremiales, finalmente, nunca vio la luz.