Expertos proponen cambios a la evaluación de proyectos

Por Andrés Pozo B., DF.-

El SEIA ha estado en el ojo del huracán durante los últimos años, producto de la judicialización y, en consecuencia, de la poca validez que están teniendo las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

Cinco expertos consultados por DF coinciden que desde que comenzó a utilizarse esta herramienta, la evaluación es positiva, pero está en un momento donde debe repotenciarse.
Rodrigo Guzmán, socio del estudio Carcelén, dice que el SEIA ha cumplido su objetivo, “pero el problema es que, históricamente, incluso después de la reforma de 2010, se le han demandado respuestas que no puede ofrecer”.

Visión similar tiene Fernando Molina, de Cubillo Evans, quien cree que además de haber jugado un rol positivo en la incorporación de la variable ambiental en el desarrollo de proyectos de inversión, “se ha transformado en un instrumento democratizador de las decisiones públicas, ya que como nunca antes, se han incorporado en forma creciente la participación de la comunidad en la toma de decisiones”.

Desde la creación del sistema, han pasado más de 15.000 proyectos y, los que han sido cuestionados, son pocos, dice Alex Ramos, director de Sustentabilidad y Asuntos Comunitarios de Grupo Etcheberry, para graficar lo exitoso que ha sido el sistema.

En tanto, el abogado y ex subsecretario Ricardo Irarrázabal complementa que las críticas que surgen al sistema son por aspectos para los cuales no fue diseñado, como la localización de los proyectos.

“Resulta necesario, a lo menos, empezar a discutir cuáles debieran ser los principios sobre los cuales debiera modificarse el SEIA desde un punto de vista legal”, dice Irarrázabal.
Simplificar el proceso

Un tema que debería ser central ante cualquier cambio del sistema, sería la simplificación del proceso de evaluación, dice Hans Willumsen, gerente de Medio Ambiente de la consultora Gisma.

“El SEIA debe ser un instrumento que genere certezas técnicas, en la evaluación como en sus procedimientos. Se requiere estandarizar los alcances en las competencias sectoriales, para que se evalúen aspectos ambientales pertinentes”, agrega Willumsen.

En ese sentido, hay coincidencia en que se debe apostar por mejorar la capacidad técnica de los profesionales involucrados en la evaluación y objetivizar las compensaciones a las comunidades.

Irarrázabal agrega que hay que despolitizar la orgánica de la calificación ambiental. Esto, “en el sentido de eliminar las instancias políticas de la calificación ambiental de proyectos. Las instancias políticas ya no se justifican dado el desarrollo de otros instrumentos de gestión ambiental”.

En ese sentido, según su visión, las autorizaciones a los proyectos deberían ser entregados por los Servicios de Evaluación Ambiental regionales y no por las comisiones que integran el intendente y los seremis. Así, un reclamo a esa RCA iría al director ejecutivo del servicio -y no al Comité de Ministros-, para luego seguir al Tribunal Ambiental.

Irarrázaval reconoce que esto generaría una mayor carga política en el servicio, por lo que habría que darle mayor independencia, por ejemplo, haciendo que el director ejecutivo del servicio no pueda ser removido sin un informe favorable de la Corte Suprema.
También propone que la entidad tenga facultad expresa para rechazar pronunciamientos de órganos sectoriales fuera de su competencia.

En esa misma línea, Molina explica que “se debiera perfeccionar y ordenar los recursos y acciones que pueden interponer en contra de las RCA. Si bien los Tribunales Ambientales han ayudado a racionalizar este aspecto, persisten recursos que se superponen entre sí”.

Con esta despolitización, Ramos concuerda que hay que recuperar el rol técnico con el que fue creada la institución. “La legitimidad de las Resoluciones de Calificación Ambiental no está garantizada y, es por esto, que la certeza jurídica de ellas ha cambiado el escenario para el desarrollo de proyectos”, señala.

Licencia social


Para Molina, un tema central a mejorar es cómo se relaciona la evaluación ambiental con la “licencia social para operar”. Según su visión, “deberían establecerse reglas claras de cómo un proyecto de inversión se relaciona y hace cargo de las externalidades negativas que genera sobre una comunidad determinada”. Esto, a raíz de que si bien hay cierto consenso sobre la materia, no existe un mecanismo para formalizar estas intenciones, lo que muchas veces termina distorsionando los acuerdos, por grupos de presión.

En ese caso, es central -dice Molina- “ampliar y fortalecer el proceso de participación ciudadana”.

En tanto, para Guzmán, la participación ciudadana tiene que ir de la mano con un rayado de cancha que exista para todas las partes que actúan en el proceso, de modo que todos tengan claro la base a partir de la cuál discutirán posteriormente, además de un procedimiento adecuado.

Cambio cultural para la Consulta indígena

Para el abogado Rodrigo Guzmán, mejorar la consulta indígena no pasa simplemente por nuevos diseños de cómo hacerlo (que, aclara, sí son necesarios). «Se hace indispensable avanzar en un cambio cultural respecto de la forma de abordar el tema; eso debiese reflejarse en el reconocimiento e integración de la cultura indígena y no indígena, como paso previo. Cualquier diseño nuevo formal para abordarlo, estará destinado al fracaso si no operan esos cambios culturales primero».

Fernando Molina agrega que se debe fortalecer y ordenar este proceso. Sobre dos líneas de acción: ampliar espacios de participación, para que la formalidad de una ley no restringa el diálogo, y adicionalmente, dar más apoyo técnico a las comunidades (indígenas o no), para que esté en igualdad de condiciones que los desarrolladores.

El ex subsecretario Ricardo Irarrázabal enfatiza que lo fundamental de todo esto, es que se siga entendiendo que la consulta es responsabilidad del Estado y, por lo tanto, los privados jamás deben financiar -por ejemplo- algún tipo de estudio o apoyo específico para que puedan afrontar de mejor manera la consulta, ya que podría distorsionar de forma grave al SEIA.