Desafíos de la institucionalidad ambiental

Por Hans Willumsen, GISMA.-

Hace 20 años se promulgó la Ley de Bases del Medio Ambiente en Chile. Así pasamos desde procedimientos sectoriales en evaluación y fiscalización ambiental, a un sistema integrado con exigencias cada vez mayores, especialmente en el contenido de los estudios y declaraciones de impacto ambiental en cuanto a líneas bases (situación de los componentes y recursos naturales antes del proyecto); permisos ambientales sectoriales; planes de cumplimiento y otros aspectos relacionados.

Un gran avance lo constituyó la modalidad electrónica de tramitación, es decir el e-Seia, que permitió aumentar los niveles de certezas y objetividad técnica de los servicios evaluadores, consultores y titulares.

Pero el escenario de judicialización de proyectos relevantes o emblemáticos, las demandas de la ciudadanía y los conflictos del territorio, plasmados en competencias por el uso del suelo, han tensionado al Seia incluso a niveles de descalificación o pérdida de confianza en este instrumento.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y los Tribunales Ambientales fueron creados para fortalecer el rol de fiscalización y cumplimiento de las exigencias y normas ambientales.

No obstante, aún falta camino por recorrer para contar con un instrumento de evaluación más perfecto o menos complejo o conflictivo. Son necesarias iniciativas orientadas a dar mayores certezas al proceso de evaluación y tramitación de iniciativas tanto técnicas, metodológicas, jurídicas como administrativas.

También se requiere certidumbre sobre el alcance de los procesos de participación ciudadana o la consulta indígena; el constante mejoramiento en las capacidades de evaluación del Estado y los municipios; más guías técnicas como marcos de referencia en la elaboración de estudios y declaraciones de impactos ambiental, como también fortalecer el marco regulatorio ambiental.

No olvidemos que el Seia es uno de los instrumentos de gestión ambiental, pero no el único. Por tanto, no podemos pedirle exigencias que son responsabilidad de la autoridad y sus políticas públicas en materia energética, territorial, de descentralización, etc.

Chile hoy es un país muy diferente a 1994 cuando se dictó la Ley de Bases del Medio Ambiente. El empoderamiento ciudadano, el involucramiento de los Tribunales de Justicia en aspectos técnicos y metodológicos del proceso de evaluación y la defensa de áreas de valor natural o la oposición al desplazamiento del límite urbano de las ciudades son expresiones cada vez más recurrentes de ello.