Participación de la gente en proyectos se triplicó en 2011-2013
Minería a punto con plataforma de trámites
febrero 5, 2014
GISMA desarrolló inédita plataforma online para proyectos mineros
marzo 1, 2014
Constanza Pérez-Cueto | La Tercera
La evolución legal y normativa que amplió los espacios de participación; el mayor acceso a la información sobre los proyectos; el empoderamiento de la población, y la disponibilidad de tecnologías de comunicación y redes sociales, incidieron en que los procesos de participación ciudadana (PAC) se triplicaran en los últimos tres años.
Según cifras del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), dichos procedimientos -que permiten a la población hacer consultas y obtener respuestas respecto de un proyecto en especial- pasaron de 10 en 2011 a 32 en 2013, en el caso de las iniciativas que ingresan a evaluación ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Mientras que en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) -que incorporan proyectos con más efectos en la población y en el lugar donde se establecen- la cifra se incrementó desde 39 en 2011 a 80 el año pasado. La consulta ciudadana es obligatoria en los EIA, pero no en las DIA.
“Estamos convencidos de la importancia que tiene la participación ciudadana en la evaluación de proyectos. Hemos hecho importantes esfuerzos. Prueba de lo anterior es el aumento de casi un 100% en las iniciativas con PAC en 2013 (32) comparado con 2012 (14)”, dijo el director del SEA, Ricardo Irarrázabal.
Agregó que, por un lado, la medida ha permitido contar con una ciudadanía más informada y con mayor capacidad de participación, y por otro, con profesionales del servicio con más y mejores herramientas en el desarrollo del quehacer de la institución.
El gerente de medio ambiente de Gisma -firma que presta soluciones ambientales especializadas-, Hans Willumsen, explicó que si bien la Ley de Bases del Medio Ambiente de 1994 contemplaba la participación ciudadana, la dictación del reglamento del SEIA la formalizó cuando se trataba de proyectos sometidos a EIA. “En el año 2010, la Ley 20.417 amplió esta posibilidad también para las Declaraciones de Impacto Ambiental”, precisó. Agregó que a esta medida se suma que las legislaciones general y sectorial chilenas han avanzado para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información del Estado, lo cual se configuró, entre otras iniciativas, con la Ley de Transparencia.
Añadió que “Las personas, grupos de interés o comunidades demandan cada vez mayor información sobre proyectos que perciben que pueden afectarlos. En este ámbito, es conocido el efecto Nimby (Not In My Back Yard), o tendencia a oponerse a proyectos a priori, sin necesariamente analizarlo en su mérito técnico o ambiental. Simplemente se oponen porque está emplazado en un determinado lugar”.
En esa línea, añadió que iniciativas relacionadas a saneamiento ambiental y emplazamiento de centrales termoeléctricas son las que más enfrentan este tipo de oposición.
Ver nota en La Tercera
