Los proyectos deben incorporar las variables socio-ambientales desde su origen

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Información Privilegiada, Radio Duna.-

En una entrevista con el programa Información Privilegiada de Radio DUNA, el gerente general de GISMA, Gonzalo Asencio, destacó que los empresarios e inversionistas deben asumir un cambio de paradigma en nuestro país ante el creciente empoderamiento de la ciudadanía. Ello implica preocuparse incorporar las variables socio-ambientales en el diseño de las iniciativas y establecer una relación empática con las comunidades. El fundador de GISMA conversó con Marlén Eguiguren y Cristián Camus. A continuación, se expone un resumen de esta entrevista.

Marlén Eguiguren: Se dice que gran parte de las centrales termoeléctricas del país no han obtenido su certificación de monitoreo continuo de emisiones, norma que empezó a ser fiscalizada a partir de enero de este año. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener esta nueva regulación y monitoreo?

El Decreto Supremo Nº13, que establece los límites de emisiones de contaminantes de las centrales térmicas, es una norma que viene desde 2010 y entró en vigencia a fines del año pasado. Uno de los temas esenciales de esta norma tiene que ver con medir las emisiones para verificar el cumplimiento. El problema se suscita cuando los sistemas de monitoreo que deben implementar las centrales térmicas no están certificados. Esto ha explicado la serie de infracciones y multas a las centrales y, por cierto, también a algunas empresas de monitoreo, que son las encargadas de hacer esta certificación. Esta complicación de origen técnico redunda en que los plazos no se han podido cumplir. Ese es el problema de fondo. Y esperamos que se resuelva durante el año.

Cristián Camus: ¿Ha aumentado la supervisión ambiental por parte de la ciudadanía a través de las redes sociales o hay cambios normativos que han hecho más exigente instalar una fábrica, una central eléctrica o una planta?

Son varios factores, dentro de los cuales el empoderamiento ciudadano es fundamental. Que la ciudadanía reclame por ciertos derechos y garantías en su entorno es algo relativamente nuevo. De hecho, los conflictos socio-ambientales asociados a proyectos energéticos se hicieron más fuertes desde el proyecto Ralco en adelante. Esta tendencia se incrementará, especialmente cuando se trate de megaproyectos, que deberán obtener la denominada “licencia social”. Esto se relaciona con los acuerdos con las comunidades, incluyendo a las indígenas o pueblos originarios por la regulación del Convenio 169 de la OIT. Asimismo, esta sociedad empoderada utiliza las redes sociales y es capaz de organizarse muy rápidamente para generar protestas.

M.E.: ¿Cómo influye este escenario en el inversionista o empresario? ¿Debiera pensar los proyectos a más largo plazo, por el proceso de aprobaciones y socialización, con un costo inicial mucho mayor?

Más que un costo inicial, se trata de una inversión inicial. Parte del cambio de paradigma implica incorporar las variables socio-ambientales desde el origen o diseño de un proyecto. De manera de ir anticipando cualquier tipo de dificultad que se pueda suscitar. Por cierto que los empresarios e inversionistas piden tener reglas claras y saber qué regulación les aplica. En el plano ambiental esto resulta relativamente más sencillo. En cambio, en el ámbito social es más complejo, difícil de regular y más dúctil, porque puede presentar distintas formas. De hecho, una comunidad puede decir que sí a un proyecto y después cambiar de opinión.

M.E.: Este fenómeno que observamos hoy en Chile también ha ocurrido en otras partes del mundo.

Efectivamente. Los movimientos sociales partieron en los años 60 en EE.UU., en momentos en que grandes químicas tenían enormes pasivos ambientales y estaban generando impactos en la salud de la población. Esto empezó a generar cambios en los marcos regulatorios. Y en Chile, a partir de la Ley de Bases del Medio Ambiente, desde los años 90 este proceso se ha ido fortaleciendo y no se ha detenido. En ese sentido, el manejo con las comunidades es un desafío que se debe abordar seriamente. Hay países desarrollados que tienen un trato más avanzado y compensaciones más reguladas. Por ejemplo, Nueva Zelanda tiene una estrecha relación con sus comunidades originarias, las cuales incluso tienen representación y participación en los proyectos.

C.C.: Desde tu perspectiva y como experto en medio ambiente, ¿crees posible que el proyecto Hidroaysén se lleve adelante?

Es una pregunta bastante difícil. Hoy está en proceso formal de revisión de la Resolución de Calificación Ambiental. Este proyecto no se ha judicializado, al menos por ahora. Veremos cuál es el resultado. Ahora, yo te diría que la problemática de la sustentabilidad va más allá. Se relaciona con una visión política y la discusión de una Patagonia con o sin represas. ¿Qué pasará en 50 o en 100 años más? ¿Vamos a tener 40 represas en la Patagonia, vamos a tener centrales? Por otro lado, nuestro país debe avanzar en el desacople, de modo que podamos seguir creciendo a un ritmo acelerado sin que nuestra demanda por recursos y nuestros consumos energéticos vayan necesariamente acoplados a la utilización intensiva de recursos naturales y de energía

M.E. Con lo que estamos conversando surge la idea de que se trata de un cambio de paradigma o de mentalidad. Si inclusive hay problemas en los países desarrollados donde tienen una mejor relación con las comunidades locales, quiere decir que no habrá regulación que dé una solución, sino que ésta se debe lograr caso a caso. Entonces, la única manera que tienen los inversionistas y empresarios de enfrentar el tema es con una visión distinta.

Cada vez es más evidente que hay un cambio de paradigma y de mentalidad. Los proyectos deben hacerse con empatía con la comunidad, con mucha información y conocimiento y entendiendo que este es un problema que hay que abordar desde el principio. Ahora, las regulaciones no son la solución, pero sí deben ser parte de ella. Entonces es conveniente tener regulaciones mucho más objetivas y claras. Como decía antes, respecto de las materias ambientales hay ciertos niveles de facilidad, pero en ámbitos sociales es mucho más complejo. ¿Cómo regulas una compensación, por ejemplo? Es algo mucho más difícil de hacer. Sin perjuicio de ello, este es un camino que hay que seguir recorriendo. Hoy nadie puede decir qué va a pasar. Pero ese cambio de mentalidad también llevará a las mismas comunidades a entender que no se puede detener la producción, porque eso generará otros problemas.

C.C.: ¿En qué porcentaje ha aumentado el costo de los proyectos debido a las mayores exigencias ambientales?
Siempre se habla que las cifras en materia de evaluación y gestión ambiental representan el 1% de la inversión de los proyectos. Esas son cifras estándares e históricas que se manejan internacionalmente. Ahora hemos visto que ese porcentaje ha aumentado por distintos factores como los que hemos conversado. Pero con una buena planificación del proyecto, que se haga cargo de todo el proceso del ciclo de vida del mismo, incluyendo el cumplimiento de las obligaciones, los costos deberían reducirse.

 

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