{"id":1112,"date":"2014-01-18T17:27:43","date_gmt":"2014-01-18T17:27:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gisma.cl\/?p=1112"},"modified":"2019-09-30T19:52:01","modified_gmt":"2019-09-30T19:52:01","slug":"nueva-institucionalidad-ambiental-la-mano-que-aprieta-en-chile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gisma.cl\/en\/2014\/01\/18\/nueva-institucionalidad-ambiental-la-mano-que-aprieta-en-chile\/","title":{"rendered":"Nueva institucionalidad ambiental: la \u201cmano que aprieta\u201d en Chile"},"content":{"rendered":"

Revista Am\u00e9ricaEconom\u00eda <\/strong><\/p>\n

El siguiente relato se titula la F\u00e1bula del Medio Ambiente. Y dice as\u00ed: una empresa tuvo la ingeniosa idea de modificar su feliz procesadora de alimentos y nutrientes funcionales. Todo iba bien para esta compa\u00f1\u00eda, emplazada en una aldea habitada por amables vecinos. Pero pronto se sintieron malos olores y, molestos, los residentes buscaron su origen hasta que identificaron a la firma como la fuente de los efluvios. No tardaron en denunciar los terribles acontecimientos a la autoridad que, enojada, cerr\u00f3 la f\u00e1brica por 30 d\u00edas y sus noches.<\/p>\n

Lejos de ser una fantas\u00eda, est\u00e1 historia es real. Su protagonista es Aquaprotein, que invirti\u00f3 US$6 millones en su planta ubicada en Porvenir, en la Regi\u00f3n de Magallanes. All\u00ed procesa residuos industriales s\u00f3lidos y productos derivados del faenamiento de pescados y otros animales. Su problema estuvo en que, cuando hizo cambios en sus instalaciones, algo sali\u00f3 mal.<\/p>\n

Tras la denuncia de los vecinos, entr\u00f3 en acci\u00f3n la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que constat\u00f3 en terreno varias fallas. Entre ellas, el hecho de que las modificaciones no hab\u00edan sido ingresadas al Servicio de Evaluaci\u00f3n de Impacto Ambiental (SEIA) para su calificaci\u00f3n. No le tembl\u00f3 la mano para solicitar su clausura por 30 d\u00edas al Tribunal Ambiental. \u00c9ste \u00faltimo ratific\u00f3 la sanci\u00f3n.<\/p>\n

Y como toda f\u00e1bula tiene su moraleja, la lecci\u00f3n aprendida por Aquaprotein -extensible a todas las industrias- es que en Chile hay una nueva institucionalidad ambiental con atribuciones mayores a la que exist\u00eda antes, que incluyen multas mucho m\u00e1s caras, con un m\u00e1ximo de US$10 millones, y posibilidad de clausura definitiva de un proyecto.<\/p>\n

Esa es la mano que aprieta en materia ambiental a Chile y que hoy tiene a las empresas con los nervios de punta. \u201cEso le duele incluso a la minera m\u00e1s grande. Y a una chica, la mata\u201d, dice Gonzalo Asencio, gerente general de la consultora ambiental Gisma.<\/p>\n

El contraste con la pena econ\u00f3mica de la legislaci\u00f3n antigua resulta irrisorio. Si a una firma la descubr\u00edan transgrediendo las reglas, la sanci\u00f3n pod\u00eda llegar s\u00f3lo hasta las 500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Es decir, unos US$ 38.000. Entonces no era ning\u00fan secreto que optaban por cancelarla antes que invertir en tecnolog\u00eda o en prevenir eventos contaminantes.<\/p>\n

\u00bfUn ejemplo? De acuerdo a un sondeo previo a la vigencia de la Superintendencia y los Tribunales Ambientales, el 39% de los encuestados estimaba que la mayor\u00eda de las compa\u00f1\u00edas chilenas no acataban la regulaci\u00f3n y que prefer\u00edan pagar las multas. El estudio fue realizado por el Centro de Medici\u00f3n de la Universidad Cat\u00f3lica y la consultora Azerta y publicado a comienzos de 2012. El porcentaje es elevado si se considera que entre los 240 consultados hab\u00eda un buen n\u00famero de empresarios y altos ejecutivos de firmas de sectores que est\u00e1n en permanente conflicto ambiental: energ\u00eda, miner\u00eda, pesca y forestal.<\/p>\n

Sable l\u00e1ser. La flamante institucionalidad ambiental comenz\u00f3 a implementarse en 2010. A la cabeza de la estructura est\u00e1 el Ministerio del Medio Ambiente, entidad pol\u00edtica con competencias principalmente regulatorias. Vino a reemplazar a la Comisi\u00f3n Nacional del Medio Ambiente (Conama) y sus sedes regionales (Corema). Como su instancia asesora, figura el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, integrado por las carteras sectoriales.<\/p>\n

El Servicio de Evaluaci\u00f3n de Impacto Ambiental (SEIA), en tanto, eval\u00faa y califica la viabilidad de los proyectos. Mientras, los Tribunales Ambientales, que iniciaron sus actividades jurisdiccionales en marzo de 2013, resuelven demandas por da\u00f1o ambiental o reclamos contra resoluciones de la Superintendencia, entre otras.<\/p>\n

En este modelo, eso s\u00ed, la estrella es la Superintendencia del Medio Ambiente. Este \u00f3rgano tiene el trabajo de fiscalizar y sancionar, tareas que antes casi no exist\u00edan o que carec\u00edan de la fuerza que tiene esta unidad. \u201cA la figura de la Superintendencia le pusieron dientes y sable l\u00e1ser\u201d, dice Asencio.<\/p>\n

En sus primeros nueve meses de funcionamiento -enero a septiembre de 2013- el organismo hizo 346 inspecciones de proyectos con Resoluci\u00f3n de Calificaci\u00f3n Ambiental (RCA), documento que, previa evaluaci\u00f3n del SEIA, se\u00f1ala si una iniciativa ha sido aprobada, rechazada o si debe atender a condiciones. Tambi\u00e9n efectu\u00f3 32 supervisiones por requerimientos de oficio o en base a denuncias ciudadanas y dos por autodenuncias, mecanismo que busca que las compa\u00f1\u00edas revelen voluntariamente sus problemas ambientales a cambio de una reducci\u00f3n de las multas a las que se arriesgar\u00edan si son descubiertas.<\/p>\n

Las sanciones tampoco se han hecho esperar. La Superintendencia formul\u00f3 cargos contra 48 firmas en el mismo per\u00edodo. Diez casos terminaron en multas. La menor fue de seis UTA, unos US$5.600. La mayor, que corresponde al emblem\u00e1tico caso de la aur\u00edfera Pascua Lama ascendi\u00f3 a 16.000 UTA, equivalente a US$16,4 millones, junto con la paralizaci\u00f3n de su construcci\u00f3n.<\/p>\n

El pol\u00e9mico sistema tiene sus adherentes y sus detractores. Este modelo no es verde, dice Winston Alburquenque, socio del bufete Vergara y C\u00eda. y acad\u00e9mico de la Universidad Cat\u00f3lica. \u201cLo verde se asocia a lo extremo. S\u00ed creo que esta institucionalidad promueve el desarrollo econ\u00f3mico sustentable, con coherencia y protecci\u00f3n del medio ambiente\u201d.<\/p>\n

Golpe al ment\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Como si fuera un golpe al ment\u00f3n, la presencia de la Superintendencia es uno de los elementos que m\u00e1s resienten las empresas. \u201cA nadie le gusta ser fiscalizado\u201d, dice Jaime Solari, gerente general de la consultora Soluciones en Gesti\u00f3n Ambiental. Al sector corporativo, agrega Sergio Montenegro, director del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, le \u201cdebe incomodar el paso de un escenario en el que se fiscalizaba nada, o casi nada, a otro en el que est\u00e1n encima\u201d.<\/p>\n

Pero no todo es tan negro. El proceso contempla una serie de facilidades para la defensa o enmienda de las fallas encontradas por la autoridad en sus visitas de vigilancia, dice Montenegro. \u201cLos procedimientos sancionatorios de la Superintendencia tienen todas las garant\u00edas para la defensa y para buscar soluciones alternativas\u201d.<\/p>\n

Muchas empresas han tomado nota de que las cosas ya no son como antes, dice el superintendente del Medio Ambiente, Juan Carlos Monckeberg. \u201cHan comprendido que el est\u00e1ndar de fiscalizaci\u00f3n es muy distinto a lo que hab\u00eda (\u2026) Hemos sabido que muchas compa\u00f1\u00edas est\u00e1n constantemente haciendo auditor\u00edas internas, prepar\u00e1ndose para eventualmente ser fiscalizadas\u201d.<\/p>\n

M\u00e1s vale prevenir que curar, reza un popular refr\u00e1n. Con esa l\u00f3gica, las inspecciones de la Superintendencia que se han hecho p\u00fablicas han servido para transparentar sus criterios, los cuales han sido recogidos en el sector privado para ser replicados. \u201cCon esto, en caso de que existan incumplimientos pueden tomar medidas y presentar readecuaciones o solicitar nuevas autorizaciones\u201d, dice Monckeberg.<\/p>\n

Y como las RCA pueden transformarse en una fuerte jaqueca, las empresas se han abocado, asimismo, a dilucidar las obligaciones que de ese documento se derivan, dice Rodrigo Guzm\u00e1n, abogado especialista en derecho ambiental y socio del bufete Carcel\u00e9n y C\u00eda. \u201cEst\u00e1n trabajando fuerte en sistematizar y en tener mucha claridad acerca del est\u00e1ndar de cumplimiento que tienen de esas resoluciones y de la normativa\u201d.<\/p>\n

La mayor inversi\u00f3n la est\u00e1n destinando a asesor\u00edas para verificar los niveles de observancia, con el fin de ejecutar luego lo que no han hecho o corregir los errores, dice Guzm\u00e1n. Esta preocupaci\u00f3n se deriva de una de las nuevas atribuciones de la actual institucionalidad: el seguimiento de los compromisos adquiridos por las empresas. \u201cAquellos que deciden ingresar al SEIA, est\u00e1n mejorando mucho la calidad del contenido de los estudios y declaraciones de impacto ambiental\u201d.<\/p>\n

Hay otras rutas de preparaci\u00f3n para el nuevo escenario. Por ejemplo, destinar recursos a la mejora del conocimiento de los equipos humanos respecto a las instituciones debutantes y a c\u00f3mo los procedimientos de la empresa deben ajustarse a ellas. \u201cEso requiri\u00f3 estudios, un poco m\u00e1s de especializaci\u00f3n, la contrataci\u00f3n de expertos, reforzamiento de equipos en algunas \u00e1reas como las legales y medioambientales\u201d, dice Ren\u00e9 Muga, gerente general e la Asociaci\u00f3n de Generadoras El\u00e9ctricas.<\/p>\n

El grano y la paja<\/strong><\/p>\n

Como en todo \u00e1mbito, en la nueva institucionalidad ambiental hay que separar el grano de la paja. El organigrama de las reparticiones tiene aspectos positivos, como la ya descrita fiscalizaci\u00f3n y las multas, que son un incentivo al acatamiento, dicen los expertos. Por el contrario, existen opiniones encontradas en cuanto a la separaci\u00f3n de los aspectos pol\u00edticos de aquellos estrictamente t\u00e9cnicos, cuyo borroso l\u00edmite fue siempre motivo de cr\u00edtica en el anterior sistema y que en el actual se intent\u00f3 corregir.<\/p>\n

El modelo cuenta con un Ministerio del Medio Ambiente, con la idea de representar el factor pol\u00edtico, y con una Superintendencia, el SEIA y los Tribunales Ambientales, dedicados a lo administrativo y lo t\u00e9cnico. Con este dise\u00f1o lo pol\u00edtico pierde preponderancia, dice Jaime Solari, de Soluciones en Gesti\u00f3n Ambiental. \u201cEsto ha mejorado los plazos de evaluaci\u00f3n, la eficiencia en la tramitaci\u00f3n de los estudios y declaraciones de impacto ambiental. Esto ha sido, en parte, porque la manija pol\u00edtica dej\u00f3 de operar\u201d.<\/p>\n

Un ejemplo de esto es que de las 820 iniciativas que al 26 de diciembre de 2013 hab\u00edan sido ingresadas a declaraci\u00f3n de impacto ambiental en el SEIA, el 100% se hallaba dentro de los plazos considerados regulares. Es decir, se encontraban en una tramitaci\u00f3n con menos de 60 d\u00edas h\u00e1biles contados desde su ingreso, con un promedio de 27 d\u00edas. Algo similar suced\u00eda con los 85 estudios de impacto ambiental sometidos al sistema: el 99% estaba a esa fecha en el per\u00edodo regular del procedimiento, con una media de 67 d\u00edas para un plazo m\u00e1ximo de 120 d\u00edas.<\/p>\n

Ese es el grano. Sin embargo, en esta historia tambi\u00e9n hay paja. Y es que la estructura territorial del SEIA es parecida a la del modelo pasado, con una direcci\u00f3n central basada en Santiago y ramificada en Comisiones Regionales presididas por el intendente e integradas por otros funcionarios de dependencia pol\u00edtica como los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis).<\/p>\n

As\u00ed funcionaban sus predecesoras Conama y Corema, que recibieron las cr\u00edticas de que a la hora de pronunciarse sobre un proyecto, tendr\u00edan alguna orientaci\u00f3n de tipo pol\u00edtico del gobierno central, dice Montenegro. \u201cCon el nuevo esquema ocurre algo parecido, la misma dependencia\u201d. El SEIA, dice Lorenzo Soto, abogado que en representaci\u00f3n de comunidades diaguitas de la Regi\u00f3n de Atacama logr\u00f3 paralizar Pascua Lama \u201csigue aprobando los proyectos igual como antes, con decisiones pol\u00edticas que se sobreponen a las t\u00e9cnicas\u201d.<\/p>\n

Esto se reflejar\u00eda en la pol\u00e9mica salida de Jaime Lira como titular del organismo. En medio del esc\u00e1ndalo por los hedores de una planta de cerdos en Freirina, se le pidi\u00f3 la renuncia luego de publicar una carta en diario El Mercurio en la que criticaba los incumplimientos del sector privado y a las reparticiones estatales encargadas de fiscalizar. \u201c(La figura del superintendente es la de) un pe\u00f3n que puede ser removido a voluntad por el presidente de la Rep\u00fablica. \u00bfQu\u00e9 significa eso? Que si sus decisiones no est\u00e1n acordes a los intereses del Ejecutivo, tendr\u00e1 que salir\u201d, dice Soto.<\/p>\n

Otra cr\u00edtica es que los Tribunales Ambientales no han convocado una gran cantidad de causas. Primero, porque su implementaci\u00f3n ha sido lenta. Y segundo, porque la alternativa de los recursos de protecci\u00f3n en la Justicia ordinaria es m\u00e1s flexible y f\u00e1cil de presentar, dice Winston Alburquenque, de la Universidad Cat\u00f3lica. \u201cA nadie le gusta tener una cosa que se pueda usar de una manera tan flexible; genera incertidumbre, cuando lo que se busca es lo contrario\u201d.<\/p>\n

M\u00e1s retos<\/strong><\/p>\n

A este importante desaf\u00edo en lo ambiental, debe sumarse la importancia que han ido adquiriendo las relaciones con la comunidad y que ir\u00e1 en aumento. Si bien algunas fuentes se\u00f1alan que, para legitimarse, las compa\u00f1\u00edas han tendido a fortalecer los v\u00ednculos sociales, otras sostienen que este elemento sigue siendo una debilidad y, por cierto, un reto.<\/p>\n

Hay una exigencia para las empresas de aproximarse m\u00e1s tempranamente a conversar con la comunidad, para tener una relaci\u00f3n m\u00e1s fluida, con m\u00e1s comunicaci\u00f3n y transparencia, dice Muga. \u201cAcercarse a las comunidades significa aportar a su desarrollo y, en esa l\u00ednea, somos conscientes de que es un proceso que debe ir aumentando en el tiempo\u201d.<\/p>\n

Pero por el lado institucional tambi\u00e9n hay flaquezas en este sentido. Hecha la participaci\u00f3n ciudadana y formuladas las observaciones, \u00e9stas son meras opiniones o puntos de vista que plantea la poblaci\u00f3n afectada, dice Sergio Montenegro, de la Universidad de Chile. \u201cDe ninguna manera tienen fuerza vinculante. Esto contin\u00faa siendo el tal\u00f3n Aquiles\u201d.<\/p>\n

Tampoco se estar\u00edan respetando las disposiciones del Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT), que establece la consulta obligatoria a los pueblos originarios ante medidas que les afecten, agrega Montenegro. \u201cNo se estar\u00edan cumpliendo a cabalidad las disposiciones del Convenio, en cuanto a la consulta ind\u00edgena, plazos y a qui\u00e9nes se pregunta\u201d. Esto fue lo que ocurri\u00f3 con la primera paralizaci\u00f3n del proyecto Pascua Lama en la Justicia.<\/p>\n

En lo inmediato, mientras la nueva institucionalidad ambiental est\u00e1 en rodaje, las empresas deben hacer su parte para no repetir la nefasta experiencia de Aquaprotein. De lo contrario, el pa\u00eds seguir\u00e1 la tendencia de que \u201clas respuestas pol\u00edticas y programas han sido insuficientes para hacer frente a las amenazas sobre el medio ambiente\u201d. Esta fue la lapidaria conclusi\u00f3n del informe Estado del Medio Ambiente 2013, del Instituto de Asuntos P\u00fablicos de la Universidad de Chile.<\/p>\n

Vea la nota aqu\u00ed http:\/\/m.americaeconomia.com\/negocios-industrias\/nueva-institucionalidad-ambiental-la-mano-que-aprieta-en-chile<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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